¿Debemos financiar la formación de doctores?

El borrador del nuevo Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece, en su Capítulo V, Artículo 21.2 (Admisión), lo siguiente:

"Una vez admitido al periodo de investigación, el estudiante de doctorado formalizará cada curso su matrícula en la universidad, que le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos previstos por la normativa para los estudiantes de doctorado."

Esto, el que, en lo sucesivo, los estudiantes de doctorado tengan que pagar por realizar su tesis doctoral, ha causado cierta irritación en los estudiantes de doctorado de las universidades públicas españolas. ¿Quién debe financiar el proceso de formación de doctores en España? ¿El contribuyente? ¿Los interesados?

La financiación pública dedicada a la formación de doctores suele justificarse empleando argumentos del tipo de que el país en su conjunto se beneficia, incrementándose el desarrollo económico y la productividad de todos, si dispone de un mayor número de personas con el grado de doctor. Es posible que esto sea cierto, si bien me gustaría poder contar con alguna evidencia clara de que efectivamente sea así, una evidencia que no se ofrece cuando se emplea este argumento. Es más, sí he podido disponer alguna vez de evidencias de que no existe una relación directa entre el desarrollo tecnológico (y, por tanto, económico) de un país y el porcentaje de dinero público sobre PIB que dedica a la investigación. Suecia, por ejemplo, dedica porcentualmente más dinero a la I+D que los USA, y, sin embargo, el grado de innovación tecnológica y su traslación al mercado es infinitamente mayor en el caso americano. Reducir todo a invertir dinero público es siempre una simplificación. Lamentablemente, una simplificación frecuente.

Sea como fuere, aceptemos momentáneamente como válido el argumento de que existe un claro beneficio económico para un país si éste cuenta con un número elevado de doctores. ¿Justificaría ello el destinar fondos públicos a su formación? ¿O bastaría con que ese beneficio futuro para todos, incluido el beneficio personal de los futuros doctores, actuara como incentivo para que los doctorandos del presente decidiesen invertir (su dinero y su tiempo) en su futuro personal haciéndose doctores?

Consideremos, para comparar, una situación radicalmente distinta. Parece innegable que una mejora en el capital productivo de las empresas, por ejemplo una renovación de maquinaria o de las instalaciones productivas en general, redundaría en una clara ventaja en eficiencia y productividad en las empresas, que podrían ofrecer mejores productos a un menor coste. Si esta mejora se extendiese a todas las empresas de España, parece indudable que el desarrollo económico del país mejoraría notablemente. Bien, puesto que el beneficio parece general, ¿por qué no emplear el dinero del contribuyente en todas las empresas mejorando así masivamente su capital productivo? ¿No tendría este uso del dinero de los contribuyentes un beneficio previsiblemente mucho mayor que formar a doctores? ¿Por qué el Estado no consigna una buena parte de nuestros impuestos a mejorar el capital productivo de las empresas? Si el Estado ha decidido, por principio, no hacer esto, ¿por qué entonces la apuesta por formar doctores? ¿Qué la hace más merecedora de nuestro dinero?

Pero hay algo más. Puestos a beneficiarse en el propio país del talento de los doctores que se forman, y dado que en España el empleador mayoritario de doctores es el Estado, a través de las universidades públicas y el CSIC, ¿no sería recomendable, por aquello de controlar medianamente la eficiencia del uso que se hace del dinero del contribuyente, adecuar las plazas de formación en el sistema público a la demanda de éste, tal y como sucede, por ejemplo, con la formación de especialistas médicos? ¿O es que a cualquiera que desee o le apetezca ser endocrinólogo va a haber que financiarle a toda costa su formación de especialista? No, de hecho, sólo un número finito de plazas de formación en endocrinología se ofrecen en España cada año. ¿Por qué no existe un límite a las plazas que se ofrecen nacionalmente para doctorarse en el ámbito de la Fisiología Vegetal o en el de la Física de Altas Energías, por ejemplo?

Formar científicos que sabemos que no necesitamos, con el dinero del contribuyente, es una estafa. Una estafa para el sufrido contribuyente, pero, sobre todo, una estafa para quien hace el esfuerzo de formarse bajo unas condiciones laborales precarias, y sin un horizonte laboral en el propio país que paga su formación.

Por eso, como contribuyente, me niego a que (1) mi dinero se despilfarre en la formación de doctores de cuyo talento se benefician países que poseen un mercado de servicios de investigación bastante más abierto que el nuestro; y a que (2) se admita en los procesos de formación de doctores en entidades públicas a personas que no demuestren, al menos, un talento y vocación mínimos, adecuados al objetivo final de ese proceso formativo.

Es decir, o bien disponemos de un sistema público que seleccione pronto a los mejores y les forme con la intención clara de retenerlos, o bien cada institución asigna un coste a cada año que un doctorando pasa formándose en ella, y se deja que los interesados decidan si les merece la pena invertir en adquirir una determinada formación a un determinado coste.

Las reformas emprendidas parecen apostar por lo segundo, atribuyéndole un irreal precio fijo a cada año que un doctorando pasa en una universidad pública. Como siempre que se establece un precio fijo, que no resulta de una interacción libre entre las partes, es lógico que la parte contratante, los doctorandos, no sepan realmente qué adquieren, qué contratan, y no sepan cómo asignarle un valor. De hecho, da la sensación de que el valor que le asignan es nulo (de cero EUROS). O eso es lo que me ha parecido entender de sus protestas. Y, sin embargo, los contribuyentes tenemos claro que, con valor o sin él para los interesados, financiamos con nuestro dinero ese proceso.