Chorizadas galaicas en la Meseta

Es ¿extraño? el silencio de la prensa galaica ante las chorizadas galaicas en la Meseta. Menos mal que Internet nos consuela las noches en las que nuestra mala leche no nos deja dormir.

Resulta que Mahía Inmobiliaria era una empresa muy importante en la época en la que el viejo mandaba en Galicia. Fue producirse el cambio de gobierno y empezar los follones. En la prensa gallega sólo se habló del pleito entre los administradores, pero se ha silenciado que hay otros "problemas".

Mahía, gracias al dinero obtenido con la urbanización salvaje en las afueras de Santiago de Compostela (Ames, Teo, Brión, ...), inició una política de "expansión" por la Meseta e, incluso, allende la Península en Marruecos y en México.

Pero parece que esa expansión no se ha hecho, digámoslo así, siguiendo las leyes del mercado. En un pequeño municipio de Valladolid (Arroyo de la Encomienda) la ley parecía ser un estorbo. Y el estorbo se eliminó. Pero parece que en la Meseta tienen una extraña resistencia a la violación de la ley y pasó lo que pasó: denuncias y denuncias que (siempre que Botín y los Albertos no estén por medio) acaban en sentencias y sentencias.

Estos son los hechos:

1) El cambio en el plan de ordenación urbana de Arroyo de la Encomienda fue modificado a instancias del Ayuntamiento (regido por un independiente) y de Mahía. El TSJ de Castilla y León declara ilegal este cambio.

2) El alcalde del pueblo echa la culpa a los técnicos del ayuntamiento

3) El alcalde y el apoderado de Mahía, además, están procesados por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Están defendidos por el inefable matrimonio Liaño-Prado.

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1) EFE

(12 DE DICIEMBRE 2007)

El Tribunal Superior de Castilla y León declara nula la modificación de PGOU Arroyo de la Encomienda
El cambio incrementaba la superficie de edificabilidad y el número de viviendas

EFE. Valladolid.-

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula de pleno derecho la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del sector SAU-13 de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) por el que se incrementaba su superficie de edificabilidad y el número de viviendas construida. La sentencia del TSJCYL, ha estimado el recurso presentado ante la Sala de lo contencioso-administrativo. Según recoge la sentencia en el apartado de Fundamentos de Derecho, el Plan General de Ordenación Urbana en el sector SAU-13 «aumenta de manera importante» la edificabilidad privada así como el número de viviendas «sin una justificación adecuada desde el punto de vista del interés general y sin las correspondientes previsiones de espacios libres públicos y equipamientos públicos en los términos legalmente previstos».

Ilegal

Según fuentes jurídicas, la sentencia considera «ilegal» la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, promovido por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y la empresa Mahía Grupo Inmobiliario por el que se incrementaba la edificabilidad.

VER TAMBIÉN:

El TSJ sentencia que Méndez primó los intereses de Mahía sobre el interés general

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2) EL NORTE DE CASTILLA

(13 DE DICIEMBRE 2007)

(El alcalde) Méndez culpa a los técnicos de Arroyo de haber autorizado 150 pisos más a Mahía
El PSOE pide la dimisión del regidor independiente y ofrece la alcaldía al PP por «higiene democrática»

13.12.07 -
J. MORENO

El alcalde independiente de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, responsabilizó ayer a los técnicos municipales de urbanismo del resultado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que anula la edificabilidad concedida a la constructora Mahía para levantar 150 pisos de más en el sector SAU 13, junto al centro comercial de Hipercor. Méndez respondía de este modo a la pregunta que el concejal del PSOE en ese municipio, Evaristo López de los Ojos, le hacía sobre cómo va a responder a la anulación del Estudio de Detalle que el equipo de Gobierno presidido por él mismo, cuando estaba en las filas del PP, aprobó en marzo del 2005, y que según el Alto Tribunal suponía un aumento de la edificabilidad de 23.064 metros cuadrados en favor de la promotora gallega. Esta superficie, entre la que se incluyen 13.317 metros cuadrados de equipamiento privado, está ya en pie y la incógnita es saber de qué forma resolverá el Consistorio y la constructora esta anulación urbanística. En algunos de los casos, los pisos han sido vendidos a particulares y están escriturados. El fallo judicial cuestiona la legalidad de dicho acuerdo por considerar que se primó el interés de Mahía sobre los del municipio, al sobrepasar el límite de 30 viviendas por hectárea que marca la Ley de Urbanismo para llegar a alcanzar las 34,8 viviendas por hectárea que fueron autorizadas a la constructora. El regidor de Arroyo insistió ayer en su defensa en que «han sido los técnicos los que han informado cómo se tenía que hacer este Estudio de Detalle. Siempre hemos pensado que la solución que se dio era la mejor para Arroyo», explicó Méndez durante la sesión plenaria de ayer y antes de escuchar el abucheo de un grupo reducido de vecinos presentes en el Pleno. La Sala de lo Contencioso-administrativo sostiene que el área de Urbanismo, que dirige el arquitecto municipal, Buenaventura Conde, informó favorablemente para la construcción de 150 pisos a mayores argumentando que el suelo podía ser considerado como 'urbano consolidado' pese a que la urbanización de toda la obra del SAU 13 (asfaltado, saneamiento, dotaciones, señalización y alumbrado) no estaba concluida, tal y como dos años después aseguró una arquitecto pericial que designó el TSJ.

Posible recurso.

El alcalde dijo además que «la sentencia no es firme», por lo que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Pese a esta circunstancia el PSOE solicitó ayer nuevamente la dimisión de José Manuel Méndez, y «por higiene democrática» volvió a ofrecer el apoyo socialista a la portavoz del Partido Popular, María Ángeles Cantalapiedra, para presentar una moción de censura en la que ésta sería la candidata a la alcaldía de Arroyo. Sin embargo, el ofrecimiento socialista, que se hace por segunda vez desde los comicios municipales de mayo, no fue respondido por Cantalapiedra, que cuenta en su equipo al anterior concejal de Urbanismo y mano derecha de Méndez del pasado mandato. El ofrecimiento que hizo Evaristo López de los Ojos no amilanó a Méndez, que recordó a la oposición que «no es la primera vez que piden mi dimisión, y en las pasadas elecciones los ciudadanos de Arroyo me han vuelto a dar su respaldo, y a usted le han dejado con los tres concejales que tenía», dijo. López le replicó asegurando que «también Hitler obtuvo mayoría y fíjese usted la que montó». El concejal del PSOE insistió en que la sentencia del TSJ era «un motivo de alegría ya que se había restituido la legalidad», y había demostrado «que usted señor Méndez ha estado regalando patrimonio público a la empresa Mahía».Para López de los Ojos, que ha sido el concejal que promovió este recurso judicial ante el TSJ después de que el propio Méndez rechazase las alegaciones cuando se aprobó el aumento de edificabilidad en el 2005, «debería ser el alcalde el que pagase de su propio bolsillo las costas judiciales que ha impuesto el tribunal, porque si hubiera perdido yo sería el que tendría que hacer lo mismo», añadió. La sentencia del TSJ condena al Consistorio y a Mahía al pago de los honorarios del letrado demandante. El abogado que ha defendido los intereses de Arroyo en este pleito contencioso-administrativo ha sido el procurador del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, que fue en su día abogado particular de Méndez.

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3) EL NORTE DE CASTILLA

(14 DE DICIEMBRE 2007)

Gómez de Liaño cede a su esposa, la ex fiscal Márquez, la defensa de la apoderada de Mahía

14.12.07 -
J. MORENO

El abogado del alcalde de Arroyo, Javier Gómez de Liaño, ha cedido a su esposa, miembro de la carrera fiscal y que estaba destinada en el Tribunal Supremo en excedencia voluntaria desde hace unos días, la venia para que se encargue de la defensa de la apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel Fernández, persona que figura como imputada en las diligencias del 'caso Arroyo', donde se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias relacionados con el desarrollo urbanístico de ese municipio. El relevo en la acción de defensa de la que fuera ex empleada del regidor de Arroyo José Manuel Méndez se ha producido a menos de un mes de que la propia María Iluminada Miguel Fernández comunicase el pasado 28 de noviembre al juez de Instrucción número 1 de Valladolid que había decidido encomendar la dirección letrada a Javier Gómez de Liaño. Sin embargo, desde el pasado lunes, 10 de diciembre, la ex fiscal María Dolores Márquez se ha incorporado al ejercicio de la abogacía privada dentro del despacho madrileño de Gómez de Liaño. De este modo, tanto el alcalde de Arroyo de la Encomienda como su ex empleada y apoderada de la constructora Mahía dejan de tener el mismo abogado defensor. Durante su etapa como fiscal en la Audiencia Nacional, María Dolores Márquez de Prado fue protagonista de varias polémicas que motivaron que el ex fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, incoase un expediente de traslado forzoso de Márquez «por su acritud y excesos formales en su comunicación con los jueces y tribunales».

Señalamiento del juez

Por otra parte, Javier Gómez de Liaño aseguró ayer que su agenda profesional «no está marcando los días del juez instructor para tomar las declaraciones» de las personas imputadas. La acusación popular censuró que el magistrado haya retrasado hasta el 12 de marzo del 2008 las declaraciones del alcalde de Arroyo y su ex empleada durante cuatro años, después de que se suspendieran cuatro declaraciones el pasado 3 de diciembre por motivos profesionales de Gómez de Liaño. El letrado recordó que había remitido hace unas fechas al juez de Instrucción número 1 de Valladolid un escrito en el que anunciaba que tenía citaciones hasta el 11 de enero del 2008. «A partir de esa fecha, el juez podría haber señalado cuando hubiera querido la declaración del señor Méndez, ya que todos los días del año son hábiles en el procedimiento penal», apuntó Liaño. El abogado, que dijo comprender la sobrecarga del juzgado de Valladolid, «aunque no me parece normal que haya tres meses de diferencia» entre la cita suspendida y la nueva convocatoria, indicó que «como abogado defensor del señor Méndez hemos venido pidiendo que comparezca cuanto antes a declarar». Por otro lado, otro de los hijos de Dionisio Miguel Recio, Julio César Miguel Fernández, ha comunicado también al juez el abogado que se hará cargo de su defensa como imputado.

VER TAMBIÉN:

El juez cita a declarar al regidor para después de las elecciones de marzo

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Y la pregunta del millón es:

¿por qué la prensa gallega siempre preocupada por las andanzas de los nativos fuera de Galicia no habla del tema?

Llama tanto más la atención cuanto que Mahía era una empresa asociada al PP y ahora los medios son hostiles al PP...