Los gobiernos nacionalsocialistas parecen haber encontrado en la consecución de Estatuts o Estatutiños imposibles el elixir a todos sus problemas.
Problemas que se resumen en la incapacidad de cumplir con promesas irrealizables, ensoñaciones de partidos de oposición, peajes que desaparecen, industrias que vuelven, emigrantes que retornan...el país de Nunca Jamás.
Cuando les toca gobernar y alcanzar el listón que ellos mismos se marcaron surgen las dificultades. Y entonces...el Estatutiño. Y de paso, La Voz de Gallaecia con uno de los papeles más rastreros, por subordinación absoluta al poder, dedicando gran atención a los 25 años del referendum del Estatutiño anterior, como si esto fuera motivo de atención por parte de los gallegos. ¡Viva el periodismo alfombrilla! Para que leer La Voz, me pregunto yo, teniendo El País en su edición de Galicia.
A esta pareja de advenedizos del poder, a este matrimonio de conveniencia, al Alcalde de Allariz y al hombre gris, les debemos exigir que cumplan con lo que prometieron. Todo lo demás, Estatutiño incluido, será una cortina de humo...negro. Aunque la proponga una minoría escasamente representativa de los gallegos.
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Reproduzco dos importantes contribuciones sobre el proyecto nazi-onanista de Estatuto
ResponderEliminarhttp://www.laopinioncoruna.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=44134&pIndiceNoticia=1&pIdSeccion=5
Estatuto de y para nacionalistas
José Antonio Portero Molina
Lo acaba de aprobar el BNG mientras socialistas y populares se agreden lanzándose dos inmensas falsedades: El PP atribuye al PSOE la intención de fragmentar España, y el PSOE acusa al PP de querencias centralistas. Ni el retorno al pasado lo quiere nadie, ni las ensoñaciones confederales de los Estados asociados tienen otro apoyo que el de los nacionalistas de distintas siglas. Lo que han querido los dos grandes y queremos la inmensa mayoría de los ciudadanos es el Estado de las Autonomías; un Estado consolidado en sus pilares básicos y no pendiente de construcción, que responde a una dinámica propia cuyos límites y exigencias están recogidos en la Constitución. Una Constitución que ha resistido al Plan Ibarreche, que resistirá a las desmesuradas pretensiones del Parlamento catalán y que nada tiene que temer del Estatuto que el BNG acaba de presentar para exclusivo consumo de sus seguidores.
El texto del BNG tiene la gran ventaja de su claridad. Es claro el significado del Preámbulo que se inicia con una fantástica reconstrucción del pasado, prosigue con unas solemnes convicciones sobre un presente irreal y remata en una expresión de soberanía tan enfática como falta de rigor. Es clara también la identificación de Galicia como Nación y contundente la voluntad del BNG de imponer la lengua gallega, y de considerar el castellano como lengua ajena que hay que soportar y emplear a pedimento de parte. Asimismo es meridiano el significado del conjunto de los 32 artículos que el texto dedica a los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía gallega: si los gallegos disfrutan de derechos y libertades es porque lo consagra así el Estatuto "sen prejuicio de lo establecido na Constitución Española, etc. etc.". Una enseñanza que transmitida así a los gallegos, preferentemente a las futuras generaciones, conseguirá convencerlos de que la Constitución de 1978 no va con ellos o no más de lo que les toca la Declaración universal de los Derechos Humanos; lo que, realmente, lo que, jurídicamente, crea y garantiza sus derechos es el Estatuto originado en una decisión soberana del pueblo gallego. En el Título 3º, se dispone claramente que el Poder Judicial es uno de los tres emanados do Pobo Galego, cuyo gobierno corresponderá a un Consello Xudicial Galego; que desaparecen las provincias y algunas otras previsiones que a más de un alcalde van a ponerle los pelos como escarpias. Las relaciones de Galicia con el Estado están presididas por un principio de igualdad que destaca sobre los otros; se adelanta la presencia de representantes gallegos en las instituciones comúns, esto es, españolas, así como la participación del Gobierno gallego con carácter vinculante en las instituciones europeas; se fija la composición y funciones de la Comisión Mixta Galicia-Estado y se avanza la creación de una Oficina de representación de Galicia en otros países o la designación de representantes gallegos en las embajadas españolas. También es rotundo, expeditivo y claro el Estatuto del BNG en el reparto de competencias: pasan a ser exclusivas de Galicia casi todas las imaginables, y son de cooperación co Estado las restantes, que son pocas. Y se establece que "as disposicións e resolucións ditadas en exercicio das competencias autonómicas exclusivas recollidas no Estatuto prevalecen sobre calquer outras e non poderán ser suspendidas". En cuanto a financiación, el Estatuto recoge lo que el BNG viene defendiendo: la propuesta catalana es buena para Galicia. En el Título VII y final, sobre la reforma del Estatuto, no hay mención de un solo órgano constitucional del Estado. Y en las disposiciones transitorias y finales, las últimas e igualmente claras afirmaciones: la decidida voluntad de exigir el uso oficial de la lengua gallega en los órganos centrales del Estado y en los municipios limítrofes de otras Comunidades Autónomas; la generosa disposición a incorporar a Galicia a esos municipios y, ¡cómo no!, la declaración de que el presente Estatuto no supone un punto final de llegada sino que, conforme a un dereito inalienabel de libre decisión del pueblo gallego, el futuro queda abierto a nuevas formas de concreción institucional.
Es un texto claro de un partido nacionalista importante. Por eso, con todo el respeto y con la mayor firmeza, socialistas y populares deben responder con otros textos igualmente claros y sin complejos, esto es, con los proyectos que cabe esperar de partidos que no son nacionalistas y que no aspiran a ser confundidos con ellos.
José Antonio Portero Molina es Catedrático de Constitucional de la Universidad de A Coruña
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http://www.lavozdegalicia.es/se_opinion/noticia.jsp?CAT=130&TEXTO=4331404
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
Con lo del Bloque empieza el baile
LA PRESENTACIÓN en sociedad del nuevo Estatuto elaborado por el Bloque viene a ser como la apertura del año estatutal. O, por usar otra metáfora, como el saludo del bailarín que abre la danza. Por eso, no estaría de más que antes de que salgan a la pista, nuestros líderes resolvieran si va a ser chacona o va a ser vals. Pues aunque cualquier baile tiene sus problemas, nada hay peor que organizar uno en el que los bailarines no han acordado qué van a interpretar.
De hecho, por no pactar, los proponentes de una reforma que se dice indispensable no han concertado ni siquiera los motivos que la justificarían. Sabemos, sí, que «Galicia no puede quedarse atrás» y que el Estatuto «debe adaptarse al cambio de los tiempos», pero más allá de esas simplezas, que oímos pronunciar con un engolamiento que induce a pitorreo, nada sustancial precisan nunca quienes urgen a diario el cambio estatutario.
Una vez aclarado el por qué de una reforma, que a fin de cuentas se explica mirando a Cataluña, la dirigencia podría quizá acordar un código de conducta elemental que nos ahorraría mucho gasto de saliva y de papel, y permitiría, además, a los egregios padres de nuestra nacionalidad, dedicar su tiempo valioso a otros menesteres, quizá más prosaicos, pero de mayor interés para quienes les pagamos sus salarios.
La primera regla de tal código debería ser la de no proponer nada que se sepa de antemano que no prosperara en las Cortes generales, donde la reforma debe aprobarse de modo inexorable: nos quitaríamos así de en medio, sin ir más lejos, todo el arduo debate sobre la cuestión de la nación, lo que evitaría a nuestros políticos decir muchas tonterías.
Segunda regla: no proponer nada manifiestamente inconstitucional. Por ejemplo, el sistema de concierto o la modificación de los límites territoriales de Galicia. Tampoco sería moco de pavo tal acuerdo. El debate se centraría así en lo posible y no en lo que, por ilusorio, es engañoso, es decir, tiende a engañar al cuerpo electoral.
La tercera regla es, creo, la más interesante: la consistente en aclarar siempre la utilidad de las propuestas. Con esa regla debería justificarse, por ejemplo, qué ganaríamos con un Consejo Judicial o con una Agencia Tributaria. Yo, modestamente, les diré que no conozco a nadie que sepa del asunto que no crea que, en vez de multiplicarlo, lo más útil sería suprimir el Consejo del Poder Judicial que ya tenemos; y que no crea que con 17 agencias tributarias sería imposible luchar contra el fraude fiscal que nos invade. Aunque-es verdad-a quién le preocuparía el fraude fiscal, si tuviéramos ¡al fin! otro Estatuto.
Vamos por partes rouco-antón:
ResponderEliminar1º. Lo que propone el bng no es una REFORMA del Estatuto, sino hacer uno nuevo. Nada que ver con las REFORMAS del Estatuto gallego.
2º. El Estatuto de Castilla y León contempla la agregación de provincias CUANDO LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CANTABRIA Y RIOJA así lo decidan. Es decir, toma en cuenta la voluntad de esas comunidades autónomas.
Sin embargo, el estatuto quinista se pasa por el arco de triunfo la voluntad de las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León.
O sea, rouco-antón, dile a Quin que no se pase de "listo" al pedir encima a Asturias y Castilla-León ¡que rectifiquen!
Véase esto:http://www.abc.es/abc/pg051211/prensa/noticias/Nacional/Nacional/200512/11/NAC-NAC-017.asp
ResponderEliminar«Anexiones» en otros estatutos
MADRID. Hay precedentes en otros estatutos como el de Castilla y León. Las disposiciones transitorias séptima y octava prevén la «incorporación de provincias limítrofes». La disposición transitoria octava del estatuto de autonomía establece que, «en el caso de que una Ley Orgánica autorice la incorporación de una provincia limítrofe al territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tal incorporación se producirá sin más requisitos a la entrada en vigor de dicha Ley Orgánica».
El estatuto castellano y leonés considera también la posibilidad de que un territorio o municipio de Castilla y León quiera segregarse para incorporarse a otra comunidad autónoma. Para esta situación detalla cuatro requisitos, entre ellos el refrendo entre los habitantes del territorio que pretende segregarse.
Los estatutos vigentes de Andalucía, Navarra, Murcia, La Rioja y el País Vasco también prevén en disposiciones adicionales o transitorias la posibilidad de que algún territorio limítrofe perteneciente a otra comunidad autónoma pueda querer incorporarse a ellas.
Propone deixar abertas as portas a municipios limítrofes, pero no habla nada de a la inversa como bien hace el de Castilla y León. ¿Pueden la Gudiña o la Fonsagrada escindirse de Galicia si sus ciudadanos lo deciden según el nuevo Estatuto? Creo que no, y ahí está el quid de la cuestión, como bien nos recuerda en este artículo Carlos Luis Rodríguez: http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=35163&Itemid=46
ResponderEliminarrouco-antón, como eres licenciado en Derecho te aclararé las cosas.
ResponderEliminarEsos concellos forman parte de una comunidad autónoma. Por eso mismo no basta con que los concellos quieran cambiar de comunidad autónoma... la comunidad autónoma perjudicada tendrá que decir algo ¿no? Eso es lo que prevé el Estatuto de Castilla y León y por eso NO ES LO MISMO LO QUE DICE EL ESTATUTO CASTELLANO-LEONÉS QUE LA PROPUESTA QUINISTA.
Efectivamente, no confundas.