miércoles, 18 de octubre de 2006

A por Esperanza Aguirre. Vale todo.

El diario El País lanzaba ayer, para ir calentando de cara a las próximas elecciones autonómicas, la noticia de un "pelotazo" urbanístico por parte de familiares de Esperanza Aguirre. No es que hablara de irregularidades ni de chanchullos pero, en un estilo que domina a la perfección, eludía explicar con claridad los límites que separan la responsabilidad política de Esperanza Aguirre del libre ejercicio empresarial de cualquier otra persona, incluidos familiares directos (aunque en este caso sólo lo sean en tercer y cuarto grado).
Nada que ver, pongo por caso, con el "urbanismo decente, sometido al interés general" de Simancas. Pero este ya es otro tema.
Hoy, Esperanza Aguirre escribe una carta a El País con algunas puntualizaciones y aclaraciones que el diario no hizo por su cuenta cuando debería haberlo hecho.

Esta noticia me ha recordado otra en vísperas de las anteriores elecciones a la Comunidad de Madrid del 26 de octubre de 2003 (os acordaréis de todo el affaire Tamayo). Entonces, unos días antes de las elecciones, la revista Interviú primero y luego Inés Alberdi (hermana de Cristina) hablaron de otro pelotazo relacionado con el AVE-Guadalajara, aunque de un modo mucho más agresivo, entrando ya directamente en la calumnia. Y sin embargo, ahí quedó la cosa. Nadie parece ser responsable.

No voy a relatar los pormenores aquí, que ya tengo bastante olvidados, pero pueden consultarse en esta página (sigan leyendo en los comentarios). También hubo una carta de Lorenzo de Grandes que en estos momentos no encuentro en internet y que reproduzco a continuación tal como la copié del blog de Arcadi en su momento:

Si mal no recuerdo la información la publicó Interviú y tuvo amplia difusión. Inés Alberdi amplificó la noticia en una carta al director que EP publicó, pero el periódico no abordó la noticia directamente. Este hecho dió lugar a la siguiente réplica de Lorenzo de Grandes que fué publicada en EP el 14-10-2003

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En la sección Cartas al Director (10 octubre de 2003), con el título Las riquezas de Aguirre y firmada por Inés Alberdi, se ha producido un caso que será sin ninguna duda motivo de estudio en las facultades de Ciencias de la Información y de Comunicación e incluso en el Máster de Periodismo que imparte su diario.

Que un diario como EL PAÍS se sirva de la firma y del amparo parlamentario de una diputada de la Asamblea de Madrid para publicar calumnias y falsedades bajo la cobertura de ser informaciones que han aparecido en una revista, replicadas por la cadena SER, abriendo todos los informativos de un día y dedicándole amplio espacio en otros dos programas de su parrilla, sin siquiera contrastar la información o, mucho menos, ponerse en contacto con los sujetos a los que se refiere esa información, parece fuera de las normas del periodismo y, desde luego, aun sin recordar de memoria, de las normas establecidas por su Libro de estilo.

En la "carta" en cuestión se remite a una información ajena, calumniosa y falsa, sin ninguna aportación o comentario de la señora diputada, que tan sólo presta su nombre para introducir y difundir una información de la que su diario no se ha hecho eco, por conocer la falsedad y las calumnias e injurias que contiene, tanto en lo referido a Esperanza Aguirre como a las personas, entre las que me encuentro, que el citado texto busca involucrar en su buen nombre y su profesionalidad. En mi caso concreto y como periodista, he pedido amparo al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, asociación de la que soy miembro ininterrumpidamente los 22 últimos años, de los 26 que llevo ejerciendo el periodismo, con la esperanza de que hechos así dejen de producirse. Para apostar por una idea o por un partido político no puede valer todo. Tendría que ser suficiente destacar los aspectos que tanto su diario como la señora diputada consideren que son atractivos para sus lectores o para sus electores. Pero siempre con respeto a la verdad. Y mucho más, cuando ésta se conoce.

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Pero no se peocupen los adictos al grupo PRISA, que nadie va a investigar si El País (o la SER, o cualquier otro medio propio o afín) «"viola" la Constitución»!!

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